Don/Doña                     

mayor de edad, con DNI nº                               , vecino de                    , con domicilio en

 

ante el Sr. Alcalde respetuosamente comparece y

EXPONE:

1.- El compareciente es propietario del inmueble que a continuación se describe, por el título que también se indica:

"Un terreno................................................................................................

...............................

.........".

 

Le pertenece por compra efectuada ........................

 

2.- Que con el carácter de titular del inmueble descrito en el expositivo que antecede, cuya acreditación ofrece a V.I. a su simple solicitud, se persona en el Expediente del Programa de Actuación Integrada ............. (en adelante, PAI ............), en cuyo ámbito se halla incluida su propiedad, con lo que resulta evidente que, de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999), y en concreto con lo establecido en los arts. 31.1.b) y 35.a), de la misma, ostenta la condición de interesado legítimo en el expediente de dicho PAI ........., y tiene derecho a conocer el estado de la tramitación de tal Procedimiento y obtener copia de los documentos contenidos en el mismo.   ((((Estos dos primeros párrafos se incluyen sólo si se trata de la primera personación en el expediente;  si ya ha habido personación, basta recordar que el compareciente se personó en el expediente mediante escrito de fecha…))))

3.- Que el Ayuntamiento de .............................es una entidad adjudicadora o poder adjudicador sometido a la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, así como a la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, ambas modificadas por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997.

4.- Que, en aplicación de dichas directivas comunitarias, el Ayuntamiento de...................            está obligado a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas de los contratos de obras y servicios que tenga proyectado adjudicar, cuyos importes sean iguales o superiores a los umbrales cuantitativos establecidos por las directivas.

(((5.- Que todas las proposiciones jurídico-económicas presentadas en el marco de la propuesta de Programa de Actuación Integrada .......................... superan ampliamente dichos umbrales cuantitativos, por lo que deberían haber sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea.))))  Este apartado no es imprescindible.  Se incluye sólo si ya se han presentado las proposiciones jurídico económicas.

6.- Que la violación de las directivas comunitarias impide la competencia de otros operadores de la Unión Europea, que podrían reclamar daños y perjuicios al Ayuntamiento de ................................. , en virtud del artículo 2.1.c) de la Directiva CEE/89/665/ del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras.

7.- Que el derecho público español vigente, y en concreto el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD Legislativo 2/2000,  de 16 de junio, en su artículo 135, que regula los supuestos de publicidad, recoge el mandato de las directivas europeas e impone la siguiente obligación a la Administración:

“En cada ejercicio presupuestario, los órganos de contratación darán a conocer mediante un anuncio indicativo las características básicas de los contratos de obras que tengan proyectado celebrar en los próximos doce meses, cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación que apliquen y cuyo importe con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido sea igual o superior a 891.521.645 pesetas (5.358.153 euros equivalentes a 5.000.000 de derechos especiales de giro).  Este anuncio se enviará lo antes posible a partir de su programación a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y, para que surta el efecto de reducción de plazos previsto en los artículos 137 y 138, deberá haberse enviado a la citada Oficina con una antelación mínima de cincuenta y dos días y máxima de doce meses, a partir de la fecha del envío de anuncio del contrato al Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

 

8.- Que en julio de 2004, la Asociación Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Medioambientales, y en contra de los Abusos Urbanísticos (Abusos Urbanísticos NO) presentó una denuncia formal ante la Comisión Europea contra la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística en la Comunidad Valenciana (LRAU), por violación de las directivas comunitarias sobre contratos públicos (queja nº SG(2004) A/7549/2), basándose en argumentos que en muchos casos coinciden con los avanzados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cuando planteó en 2001 una cuestión de inconstitucionalidad que fue rechazada por motivos de forma por el Tribunal Constitucional (Cuestión de inconstitucionalidad nº 6248/2001.  Auto del Tribunal Constitucional nº 133/2002, de 16 de julio. RTC 2002).

9.- Que, como consecuencia de la citada denuncia, la Comisión Europea ha iniciado un expediente sancionador contra el Reino de España y ha enviado una carta de emplazamiento en la que se constata que la LRAU vulnera las obligaciones que incumben a España conforme a las Directivas comunitarias sobre contratos públicos (Dir. 93/37/CEE y Dir. 92/50/CEE), así como los artículos 43 a 55 del Tratado de la Unión Europea, y los principios generales indicados por el Tribunal de Justicia.

10.- Que, en virtud de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, la Resolución de la Alcaldía ...................... (o la Resolución del Pleno del Ayuntamiento) de fecha ..................................., por la que se saca a trámite de información pública (o se abren las plicas,  o ...), son actos administrativos nulos de pleno derecho por haber estado “dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” (art. 62, 1, e) como es este caso.  ((((Este apartado hay que redactarlo en función de cuál es la resolución concreta que se recurre ))))

Dichos actos administrativos son “actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición” (art. 62, 1, f), en concreto: los derechos que adquiere el agente urbanizador.

Tales actos son igualmente nulos por cuanto “lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional” (art. 62, 1, a), en concreto,  los reconocidos en el art. 33.3 o el propio art. 14 de la Constitución: derechos a no ser privado de la propiedad si no es por causa de utilidad pública o interés social, y el principio de igualdad ante la ley.

11.- Que entre la documentación que constituye el PAI en cuestión, ha de formar parte, conforme al art. 31 de la LRAU, la retribución en terrenos al que resulte designado Urbanizador, salvo en el supuesto de que dicha retribución esté prevista en metálico (art. 32.D).3º).

            Tal retribución en terrenos es claramente injusta, ilegal y anticonstitucional por cuanto que, sin declaración de utilidad pública ni interés social, sin intervención alguna del compareciente, y sin fijación del justiprecio de su propiedad, se están sentando las bases para una expropiación encubierta que, además, no contempla el valor real, actual y de mercado del inmueble propiedad del compareciente, sino que establece bases de valoración claramente abusivas y tendentes a que la conversión del terreno en moneda de pago de los costes de urbanización configure un auténtico expolio. Lo que antecede es claramente contrario a la Legislación de Expropiación Forzosa y a los arts. 9.3 (interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), 14 (principio de igualdad de todos los españoles), 24.1 (Tutela Judicial Efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos), 33.1 (derecho a la propiedad privada), 33.3 (utilidad pública e interés social y correspondiente indemnización), entre otros, de la Constitución Española, y más aún si se considera que el procedimiento de adjudicación y ejecución del Programa no contempla notificación personal al propietario compareciente --y sí tan sólo avisos al titular catastral--, lo que le sitúa claramente en indefensión material que hace, además, que cualquier intento de impetrar la Tutela Judicial resulte tardío e ilusorio ante las actuaciones materiales y jurídicas que, en el plano de la realidad, puede llevar a cabo esta Corporación Municipal y quien resulte designado Agente Urbanizador del referido PAI.

            Añádase a todo lo dicho el que, de conformidad con el art. 71.3 de la citada LRAU, se entiende decaído el derecho del propietario a optar por el pago en metálico de los costes de urbanización si así no lo hiciere dentro de los “diez días siguientes a la aprobación del Proyecto de Urbanización” que, sin embargo, no establece la Ley que haya que notificarle.

            Se consuman, por el procedimiento al que acaba de hacerse una somera referencia, auténticos expolios de los derechos de los ciudadanos, con manifiesta vulneración de elementales principios de legalidad, justicia y equidad.

12.  La aplicación por parte del ayuntamiento de preceptos de la LRAU que son claramente inconstitucionales y contrarios al Derecho comunitario puede dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Corporación Municipal y la consiguiente responsabilidad personal de los miembros de la misma que, habiendo sido apercibidos del carácter ilegal de dichas disposiciones, no se abstienen de aplicarlas, por lo que el compareciente se reserva expresamente la posibilidad de reclamarla.

 

Por lo expuesto,

SOLICITA:

            Se declare la nulidad de la Resolución citada de ........................ y de todas las actuaciones con ella relacionadas, y se provea lo necesario para respetar la legalidad administrativa europea y española.

     OTROSÍ DIGO: Que concurriendo en el compareciente la calidad de interesado legítimo en este Expediente, solicita que se le entregue copia de todos los documentos contenidos en el mismo, ofreciendo abonar el importe de las tasas legalmente vigentes que correspondan, y

     SOLICITA: Tenga por formulada dicha petición y la cumplimente, con la notificación oportuna de hallarse la copia a disposición del compareciente, y el importe de las tasas a ingresar.

     SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que ostentando el compareciente la condición de interesado legítimo en este Expediente, e interesando a su derecho conocer cualesquiera actos administrativos, incluidos los definitivos, los provisionales y los de mero trámite que, respecto del mismo, o en su seno, se vayan adoptando,

     SOLICITA: Se le notifiquen cualesquiera de los actos citados en el párrafo que antecede, y ello en el domicilio que consta en el encabezamiento del presente escrito.

............................, ___   de abril de 2005

 

 

SEÑOR ALCALDE DE ..........................................

 

 


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