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El Parlamento Europeo expresa su "más enérgica
condena" contra los macroproyectos de urbanización en España
| Peticiones
- 20-06-2007
- 09:13 |
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El PE aprobó hoy una resolución no vinculante sobre
los casos de urbanización masiva en España, presentada por los grupos PSE,
ALDE, Verdes/ALE y GUE/NGL. En la resolución, los diputados expresan su "más
enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en
España. También consideran que en muchos casos se han vulnerado "los
derechos fundamentales de las personas" y piden a las autoridades
regionales que creen comisiones de arbitraje para resolver los conflictos
urbanísticos.
La resolución fue aprobada por
327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones.
Los diputados "lamentan profundamente" que las prácticas de urbanización
masiva se hayan extendido a varias regiones españolas, "especialmente a la
Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea,
pero también, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid" (párrafo 2).
Además, la resolución deja claro que "la obligación de ceder propiedad
privada adquirida legítimamente (...) sin ofrecer una compensación
adecuada constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las
personas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la jurisprudencia
europea en materia de derechos humanos" (párrafo 1). Por eso, los
diputados expresan "su más enérgica condena y oposición" hacia este tipo
de prácticas emprendidas por "empresas constructoras y promotores
inmobiliarios" (párrafo 3).
En esta misma línea, se condena la "aprobación tácita por algunos
municipios de planes urbanísticos que más tarde son declarados ilegales" (párrafo
4), al tiempo que "se ponen en tela de juicio los métodos de selección de
los promotores y agentes urbanizadores" (párrafo 8).
La Eurocámara recuerda que han existido "casos de práctica de corrupción
relacionados con macroproyectos de urbanización que han conducido a la
detención y condena de funcionarios y políticos elegidos en las
administraciones públicas locales" (considerando C). Por este motivo, el
Pleno del PE "ruega" a las autoridades españolas y a los gobiernos de las
Comunidades Autónomas, "en particular al gobierno de la Comunidad
Valenciana", que "reconozcan el derecho legítimo de las personas a su
propiedad adquirida legalmente y establezcan por ley criterios más
precisos para la aplicación del artículo 33 de la Constitución Española
con respecto a la utilidad pública y el interés social" (párrafo 7).
La única enmienda aprobada hoy por el Pleno es la número 3, que afirma que
es "imperativo tomar medidas adecuadas que garanticen la correcta
aplicación y el adecuado respeto de la Directiva marco del agua en lo que
se refiere a los grandes proyectos urbanísticos".
Comisiones de arbitraje
Los diputados proponen que se creen "comisiones administrativas especiales"
en las que participen los defensores del pueblo locales y con poderes de
arbitraje para solucionar los conflictos relacionados con los proyectos
urbanísticos (párrafo 11).
En esta misma línea, se propone a las autoridades locales que consulten a
los ciudadanos y los impliquen en los proyectos urbanísticos, con el
objetivo de fomentar un desarrollo urbanístico "aceptable y sostenible" (párrafo
9).
Comisión Europea
La resolución "reconoce" los esfuerzos de la Comisión Europea (CE) para
garantizar el cumplimiento por parte de España de las Directivas sobre
contratación pública. Además, se recuerda que la CE "ha incoado
procedimientos de infracción contra España por la deficiente aplicación de
las Directivas de la UE sobre contratación pública" (considerando E).
Sin embargo, el Parlamento considera que se debería prestar más atención a
los casos de "infracción de las directivas que regulan las cuestiones
relacionadas con el medio ambiente, las aguas y las políticas de
protección del consumidor" (párrafo 5).
Además, la Cámara insta a la CE a que emprenda una campaña de información
dirigida a los ciudadanos europeos que adquieran propiedad inmobiliaria en
otro Estado miembro (párrafo 13).
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