CARTA A LA MINISTRA DE VIVIENDA DE 23 11 DE 2005: ESPERAMOS UNA RESPUESTA

ASOCIACIÓN VALENCIANA

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS

HUMANOS, MEDIOAMBIENTALES Y

EN CONTRA DE LOS ABUSOS URBANISTICOS

(Abusos Urbanisticos NO)

aun@abusos-no.org

Buzón 24, Urb. Bellavista

03720 BENISSA (ALICANTE)

Telf: 34 96 649 7879

                                                                                                                  Benissa, 23 de noviembre de2005

Dª Maria Antonia Trujillo

Ministra de la Vivienda

Paseo de la Castellana, 112

28071 Madrid

Sra. Ministra: 

Sabiendo de la elaboración por parte de su Ministerio de un borrador de anteproyecto de la nueva ley del suelo, para sustituir la vigente Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones, 6/1988 de 13 de Abril, y siendo nosotros una asociación involucrada en la lucha contra los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, nos dirigimos a Ud. proponiendo la incorporación en dicho borrador de medidas que salvaguarden los derechos de los ciudadanos, el derecho a la propiedad,  el derecho a una vivienda digna, el derechos al medioambiente y el derecho a una calidad de vida, entre otros, que en la legislación autonómica valenciana han sido obviados en beneficio de intereses políticos y económico/especulativos. 

En primer lugar consideramos, que el acceso a una vivienda digna es un derecho prioritario, siendo necesario la construcción de viviendas sociales que faciliten el logro de ese derecho, pero no a costa de la propiedad privada: nunca será la vía apropiada vestir a un santo, desnudando a otro. El Ministerio de la Vivienda ya ha marcado el camino a seguir: se deben construir sobre suelo de dominio público, ya que este es propiedad de todos los españoles; y todos hemos de estar involucrados en ese fin. En tanto en cuanto exista un solo metro cuadrado de ese suelo, no puede utilizarse el proceso urbanístico -que cumple otras finalidades de tipo de ordenación sostenible del territorio- como coartada para la construcción de viviendas VPO, como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana y en otras, urbanizando suelo no urbanizable y creando “cotos” privados para uso y abuso de urbanizadores, para viviendas de renta libre, y hasta incluso para sus campos de golf. 

Deberían establecerse cupos o cuotas de viviendas sociales por periodos de tiempo como mínimo trienales, así como condicionar desde el Gobierno del Estado la autorización para construir viviendas de renta libre fuera de suelo urbano o urbanizable considerado como tal en el último PGOU, si no se han cumplido dichas cuotas establecidas de viviendas sociales. 

Las recalificaciones del suelo alegremente se confían a  ayuntamientos que desgraciadamente a su vez y en gran número , están siendo manipulados más y más por grupos de presión. Éstos han encontrado en el negocio urbanístico la razón de su existencia, captando la atención de dinero de cualquier color y origen, propiciando un monocultivo económico, la construcción/urbanización, que da lugar en el producto terminado, la vivienda, a una espiral de precios descontrolados, o mejor dicho interesadamente controlados. 

Se han de establecer limitaciones claras y precisas a estas pretensiones recalificatorias y el ejemplo no hace falta buscarlo muy lejos: lo tenemos en esa Europa que todos valoramos, en países con poblaciones muy superiores a la nuestra y con menor extensión superficial.

 La Constitución Española es clara y precisa en su articulo 33: sólo por razones de “utilidad pública” o “interés social” podrá ser expropiada la propiedad de un ciudadanos, siempre con la indemnización correspondiente. No hace así más que reproducir tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 17 manifiesta que “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente; nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”; como el al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. que en su Protocolo Adicional (París, 20 de marzo de 1952), exige a los Gobierno signatarios miembros en su Artículo 1 sobre Protección de la propiedad, que “Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes; nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del derecho internacional”.  

Pero en la interpretación de estos mandatos irrestrictos se presentan dos de los “agujeros negros” por los que la materia de la propiedad del suelo se desvanece, para resurgir en otras manos a precios prohibitivos, por el mero hecho de haber pasado a ellas.

 - Sobre la “Utilidad pública” o “Interés Social” cada ciudadano tiene una idea aproximada de lo que significan estos conceptos; pero suelen surgir no pocos alcaldes ‘innovadores’ que se sacan de la manga una interpretación en la que nadie había pensado; eso pasa y eso no es serio. Lo serio, lo democrático es que se establezca una lista exhaustiva de criterios objetivos para la declaración de utilidad pública o de interés social, de forma que fuera de ellos no sea posible añadir ninguna originalidad.

 - La “Expropiación, previa la indemnización correspondiente”, sonar, suena bien, pero el problema se presenta en las valoraciones; y eso ha de legislarse de una vez por todas, asumiendo que es el mercado el que establece los valores de los productos y no un grupo de supuestos técnicos, que parecen sentirse felices cuando ahorran unos euros a la entidad expropiadora, aunque con ello arruinen a un ciudadano, robándole prácticamente su propiedad. La única valoración posible es la que marca el mercado, aún cuando el objeto de la expropiación se destine a un uso o servicio de utilidad pública o de interés social, porque esos servicios se financian con cargo al presupuesto nacional. Es decir lo pagan todos los ciudadanos, incluso los expropiados y sería y es discriminatorio  que estos últimos además fuesen gravados con las miserables valoraciones a las expropiaciones que están actualmente establecidas.

Por otra parte el Estado Español, como miembro de la Comunidad Europea y signatario de múltiples acuerdos y tratados, especialmente en temas medioambientales, conservacionistas y de obras públicas, está obligado a su cumplimiento como dice el articulo 93 de la Constitución Española. Esta obligación afecta igualmente a cualquier instancia política o administrativa del territorio nacional.

 Por todo lo anterior, pedimos que el borrador de la legislación que se está desarrollando establezca explícitamente la obligación de cumplimiento de dichos acuerdos por cualquier administración pública ubicada en España.

La vivienda ha incrementado su precio gradualmente a lo largo del tiempo, pero siempre manteniendo una proporcionalidad con la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, sin que hayan influido factores externos y temporales como el bajo coste del dinero crediticio, la afloración de masas extraordinarias de dinero buscando beneficios altos y rápidos, o lo que es peor, un dinero negro que busca carta de ciudadanía, procedente de muy diversas fuentes, incluida la gran delincuencia de los carteles internacionales que al parecer están implantándose a gran escala en buena parte de nuestro territorio, gracias a la debilidad de una situación urbanística y persecutoria tan opaca y deficiente como la nuestra. No es de recibo que el precio de las viviendas este incrementado por los beneficios que van llenar bolsillos de gente que en buena parte debieran de estar en las cárceles penando por sus delitos. 

Escribimos desde la Comunidad Autonómica Valenciana, pero vamos sabiendo que en otras Comunidades se han organizado grupos de ciudadanos afectados y preocupados por unos abusos urbanísticos. Nos adherimos a las propuestas formuladas por la plataforma “Ciudadanos contra la Especulación Urbanística” de la Comunidad Autónoma de Madrid.  Creemos que desde una ley nacional del suelo se podrían reducir notablemente estos abusos y especulaciones: por eso nos ofrecemos una vez más, como estamos haciendo con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo y el Consejo de Europa, para facilitar cuanta información veraz y no manipulada pueda necesitar para la elaboración de ese borrador, en el que ponemos una gran esperanza. Una oferta que creemos que sería suscrita por cualquiera de las organizaciones ciudadanas que luchan por la defensa de unos derechos inalienables a cualquier ser humano. 

Atentamente, quedamos a su disposición, con la esperanza de haber captado su interés.

     Charles Svoboda                               Enrique Climent Laguarda

                                  Presidente                                              Vicepresidente