Por si éramos pocos, parió...

Enrique Climent

En esta nuestra comunidad no ganamos para sustos. Y, lo más perverso, es que esos sustos nos llegan de los miembros del Consell que, en el ejercicio de sus funciones ante los problemas que afligen a los valencianos, por su propia incompetencia actúan como los zombis de una película de terror, asustando al personal pero sin hacer nada útil.

De nuevo me he de referir a la actividad de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, promotora del decreto ley 2/2011 sobre "Medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas".

Nuestra desconfianza nos lleva a estudiar detenidamente el decreto en cuestión, y descubrimos que toda la parafernalia de grandiosas intenciones con que se adorna, prácticamente solo tiene una finalidad que queda clara en la disposición transitoria segunda, truco tan querido y utilizado por los consellers que precedieron a la actual. Su titulo lo expresa "Subdivisión en unidades de ejecución de planes parciales aprobados con anterioridad a este decreto ley".

Es decir, hay una enorme cantidad de PAI aprobados, según quién alcanzan los 160, "que incorporan al proceso de urbanización terrenos que conforme al Plan General no tuvieran clasificación formal de suelo urbanizable" -según exige la disposición transitoria- y que, además, han sobrepasado el período de vigencia establecido por la ley bajo la que fueron aprobados, sin que se haya procedido a su anulación. En referencia a esos programas que cubren una superficie monstruosa de la Comunitat Valenciana, el decreto echa una mano a los urbanizadores que los promovieron y luego los estancaron, y les dice "a tal efecto, podrá modificarse el programa para que éste quede reducido al ámbito de una de las unidades de ejecución delimitadas, de modo que el resto de unidades quede en la situación de suelo urbanizable con ordenación aprobada pendiente de programar". Así, con este decreto, se consigue:

-Hacer un favor a los urbanizadores (empresas privadas con ánimo de lucro), para que salvando su propia codicia original, todavía puedan sacar algún provecho reduciendo la superficie a urbanizar.
-Se incumple el mandato legal de anular los PAI aprobados y no realizados una vez transcurrido (sobradamente) el plazo límite establecido.
-Al pequeño propietario afectado que le frían un paraguas, porque lo suyo es pagar y callar, el decreto no lo menciona una sola vez. ¿Para qué?
-El resto del PAI original quedará en reserva para cuando vengan bien dadas, ahorrando un montón de problemas cuando llegue ese momento.
Y los propietarios afectados por ese PAI original, y gracias a él, se verán gravados por el incremento del IBI que pasará de tributar como Rustica a hacerlo como Urbana.

Después de 16 años, el partido que gobierna la Comunitat Valenciana ha conseguido con gran aplicación deteriorar cualquiera de las vertientes de la vida valenciana, la social, la económica, la cultural, la urbanística. Y, cuando parece que no se puede hundir más el barco, a la señora Bonig se le ocurre la forma de hacerlo, con el decreto-ley de marras.