Jornada sobre Urbanismo

Peñíscola, 14 de noviembre de 2009 

"El urbanismo insostenible como detonante de la crisis económico-financiera"

Sr. D. José Antonio Martin Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo

“Muchas gracias por darme la oportunidad de seguir autoalimentando mi esperanza. Trabajar en la administración de Justicia y contemplar la impotencia o el mal funcionamiento del sistema para hacer frente, no ya a comportamientos que pudieran ser más o menos adecuados a la realidad, sino comportamientos verdaderamente delictivos, es decir, que merecerían en un Estado democrático y en una sociedad medianamente organizada la respuesta lógica del sistema penal, con las consecuencias, también lógicas, de que algunas personas fueran a la cárcel por cometer hechos que van allá de lo que pudiera ser una infracción puramente administrativa para entrar en el campo del Derecho penal. Como ha dicho Enrique, (...) al que considero como un ejemplo de lo que en un futuro podría ser una democracia participativa, una democracia en que no nos limitemos cada cuatro o cinco años a votar a algunos señores que después interpretan, no se sabe con quien lo deliberan, cual es el interés general, sin tener en cuenta para nada la opinión de las personas que verdaderamente encarnan el interés general. En una sociedad como la nuestra, que tiene esta capacidad de convocatoria, incluso medios locales de información, aunque una vez más se ha comprobado que los medios, la mayor parte de ellos, tiene unos intereses que no responden al interés general.Comprendo que un sábado por la tarde, el fútbol reclama mucho más interés que todas estas cuestiones de las que vamos a hablar aquí y que como ha dicho el vicepresidente de la Diputación, no tienen carácter cultural, no parece sino que venimos a una charla entre amigos y que eso no es cultura,  habría que discutir con él qué entiende por cultura.

La verdad es que estoy desbordado. Podría hablarles durante horas y horas de la inoperancia del sistema legal y cuando en un país o en una sociedad se produce la inoperancia del sistema legal y los ciudadanos son conscientes de esa inoperancia  nos situamos al borde de la catástrofe social de la convivencia y de la democracia. Estos días habrán visto ustedes un gran debate sobre si se deben llevar o no esposados a determinados ciudadanos a los centros de interrogatorio de los juzgados. Que conste que yo no soy partidario de los espectáculos públicos de personas esposadas, pero no deja de llamarme la atención, después de 43 años de ejercer, primero como fiscal y después como juez esta labor, que se haya desatado el debate por la personalidad de los sujetos y no por la trascendencia del acto en sí.

Efectivamente todos, repito todos, tienen derecho en ese momento, a un cierto resguardo de su imagen, pero sin embargo, los medios de comunicación han saltado, sólo poniendo de relieve la intolerable situación de estas personas que han sido comparadas con delincuentes que pueden haber cometido crímenes de violencia de género, abusos sexuales, actos de pederastia o asesinos en serie, atracos a bancos, desde fuera, no desde el consejo de administración...y creo que debemos hacer una reflexión. Entonces aquí la gente piensa que hay crímenes reprobables que hay que rechazar y yo el primero, por supuesto, pero yo les hago una reflexión: estos crímenes van a seguir existiendo porque la naturaleza humana es así y van a haber reacciones violentas en el ámbito de la convivencia doméstica, van a seguir existiendo actos contra la propiedad, pederastia... pero la sociedad siempre tiene unos cauces para reaccionar, aplicar el Código Penal y la sanción correspondiente. Pero  los crímenes que cometen estos señores que salieron en el Telediario que, a lo mejor, cuantitativamente la pena es mucho menor, son mucho más devastadores porque minan la confianza de la sociedad en el sistema democrático.

El atracador perjudica al banco en x dinero, miles de euros, porque ahora en las cajas no hay mucho dinero. El corrupto dinamita la convivencia social y la confianza en la democracia. Ustedes valoren qué es más peligroso, si un atracador, incluso un homicida, o la corrupción generalizada en la sociedad. Este es un debate interesante, no el debate de si esposas sí o esposas no, sino colocar y graduar cual es la entidad de reproche que debe dar la sociedad a  una conducta y a otra, y sobre todo cuales son los males: se acaba con una vida, se perjudica a la propiedad, pero incuestionablemente la sociedad sigue adelante. En los casos de corrupción, el Estado desaparece, la sociedad sigue adelante, pero se convierte en una sociedad prácticamente inviable y además abre paso a determinadas tentaciones totalitarias, de las que hay ejemplos muy cercanos, incluso en la Unión Europea, que ponen de relieve los peligros derivados de la corrupción en países tan cercanos como Italia. Por tanto, creo que esto es un punto de reflexión importante.

Desde el punto de vista jurídico, ya he comenzado diciendo que no funciona el sistema, pero el sistema no funciona, no por falta de leyes, porque yo creo que hay excesivas leyes. Durante mucho tiempo el Derecho administrativo, la élite del Derecho administrativo, los grandes catedráticos, presumieron de sus manuales de Derecho urbanístico. Allí encontrarán todo género de leyes nacionales, sectoriales, autonómicas, locales... Y llegó un momento en que se pensó que España concretamente, (no solo España, porque la crisis está generalizada) reunía unas especiales características para convertir el suelo en una especie de maná en el que solamente su existencia fuese la fuente de enriquecimientopotencial, con el simple mecanismo de reunir a la Comisión de Urbanismo o Pleno y conseguir que por el voto de un tránsfuga se convirtiera un territorio o paisaje en una fuente de riqueza, así de sencillo. Y eso se ha hecho, se sabía desde hace años y se ha consentido...

Les voy a dar una cifra que les va a sorprender. En España ustedes creen que hay 8 ó 10 ó 12 partidos políticos y están absolutamente equivocados. En España, cuando estaba en la Comisión Electoral, había 1.500 partidos registrados en la Dirección General de Política Interior del Ministerio de Interior. Estos partidos políticos, la mayoría, su única misión era presentarse a las elecciones locales, bajo la rúbrica muy variada, casi siempre por la independencia de un barrio y otras veces como independientes y casi siempre también, y esto se venía constatando sin que nadie hiciera nada, conformaban las mayoría sobre la base de exigir la concejalía de urbanismo. Esto está en las hemerotecas, no hace falta que yo se lo diga.  Si algún gobernante tiene dudas sobre este fenómeno, no tiene más que repasarlas  y podrá comprobarlo.  Esto detectaba que había un cáncer. Un cáncer que ha degenerado en metástasis  que ahora es difícilmente reparable. Estamos ante un organismo invadido y, claro, ya no es el momento de hacer aportaciones que de alguna manera más o menos taumatúrgica o milagrosa acaben con el mal. Estamos en la necesidad de optar por el mal menor, de sectorizar, de dar prioridades, hasta tal punto que yo creo que la crisis ha venido en defensa de esta tesis, pero no hubiera hecho falta la crisis para que en un momento determinado los gobernantes a pesar de que hay parcelas que no son estatales, hubiesen declarado una moratoria urbanística, como simple tratamiento clínico de un mal que, repito, se ha convertido en cáncer.

Con esta moratoria habría tiempo para reflexionar sobre algunas cosas que se han hecho mal. Se han hecho mal con buena intención, a lo mejor, pero se han hecho mal.  Por ejemplo, cuando se discutió la famosa autonomía local, que está en la Constitución española, y que algunos elevaron a la categoría casi de dogma, cuando por otro lado, esas sensibilidades se ponen muy nerviosas si un determinado espacio geográfico de nuestro territorio nacional mantiene posturas más o menos soberanistas. Pero la autonomía municipal era algo que se consideraba normal y que no perjudicaba los intereses generales.Bueno, desde el punto de vista de la prestación de algunos servicios podría ser así; desde el punto de vista de la ordenación de territorio esta política ha llevado a una catástrofe. Se ha reaccionado, en parte gracias al propio sistema jurídico. El Tribunal Constitucional ha tenido que entrar en algo tan elemental que yo una vez plasmé en una frase que no es mía, que es de un político francés, Chamberlain, de la I Guerra Mundial. Los militares querían diseñar la política y les dijo: “La guerra es algo tan importante que no se puede dejar en manos de los militares”, y yo parodiando a Chamberlain diría que “el urbanismo es algo tan importante que no se puede dejar en manos de los Ayuntamientos”.  Nadie quiso reflexionar sobre eso y los que dicen que se desintegra España porque se convierte en reinos de taifas... en España tenemos 8.008 reinos de taifas: cada uno puede planear el urbanismo como le parezca, salvo que algún ciudadano reaccione y pueda hacer que los tribunales le den la respuesta. Pero, esa respuesta, ¿cuándo?

Los ejemplos no es que sean numerosos, pero hay uno que es clamoroso y que ha dado la vuelta al mundo, que es Marbella. Que a los 12 años se declare el Plan General nulo  y ahora el Ayuntamiento está discutiendo cuál de las 26.000 viviendas ilegales se puede salvar. El Ayuntamiento de Marbella está haciendo como los gobernadores del los Estados norteamericanos cuando los llaman a última hora para ver si conmutan la pena de muerte al ejecutado de turno. Se está haciendo algo que es absolutamenteinsatisfactorio y que va a crear además una desmoralización social muy grande porque algunos se salvarán, otros no y entrarán en el debate de porque este sí y otros no e incuestionablemente eso no va a hacer aceptable  la convivencia, dentro de un monstruo que con el aplauso de todos, construyeron personas muy conocidas y notorias, que eran el paradigma del triunfo y del enriquecimiento. Si ese es el modelo de ciudadano que necesita este país,  pobre país.

Desde el punto de vista administrativo esto ha sido un desastre. Desde el punto de vista penal, todavía existen clásicos, catedráticos de Derecho penal que han descubierto que su vocación es la abogacía, no la cátedra, y trasladan esa vocación y aplican aforismos del s. XVIII, como el de la mínima intervención del Derecho Penal. El Derecho Penal es como la cirugía respecto de la medicina general. “Mientras pueda usted vivir con unas pastillas, no se le ocurra meterse en el quirófano. El Derecho Penal está para los extremos en que hay que extirpar y comprenderá usted que a un constructor no hay que llevarlo al quirófano. Todo esto se arregla con un contencioso-administrativo de 12 años de duración.” Incluso se pueden obtener sentencias. En este caso, como miembro del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, tenemos 27 sentencias de lo Contencioso-Administrativo acordando el derribo de 27 hoteles, sentencias firmes. No hay más que pedir al Cabildo que se derriben. Se hizo un estudio serio, porque a pesar de los que piensan que este acto no es cultural, éramos conscientes de que el impacto económico, puestos de trabajo... era importante. Entonces había que hacer un estudio racional, posibles compensaciones, concentración de intereses hoteleros, si había ocupaciones del 33%, tratar de agruparlas... hicieron los técnicos un trabajo serio. La respuesta ha sido que hace unas semanas se le ha puesto una moción de censura a la presidenta del Cabildo y ha sido expulsada de la Presidencia. Ésa es la reacción. El Comité Científico sigue ahí y ya veremos cuando se ejecutan estas sentencias.

Por eso digo que el Derecho Penal está bien. El Derecho Penal, puede incuestionablemente, actuar algunas veces y por ejemplo ha sido importante en materia de ruidos,  ambientales, para que algunos Ayuntamientos se den cuenta que no es sólo un problema de ordenanzas municipales, sino que es un tema muy grave, que como mi compañero de mesa sabe, afecta la estabilidad psíquica y de la convivencia de las personas. Pero yo creo que el Derecho Penal, que sí tiene una labor, no lo es todo. Lo que está fracasando, a mi modo de ver, es la respuesta de los Tribunales en lo que los juristas denominamos Derecho Procesal. Hay un instrumento que está en la ley desde el s. XIX y que es la medida cautelar: la paralización de una actividad, cuando el juez de una forma razonable, no de un forma intempestiva, considera que lo que se denuncia tiene unos ciertos visos de realidad y de adecuación a la justicia y a la ley , es consciente de que lleva un tiempo, es lógico, y, por tanto, no puede mirar indiferente como él va caminando por un lado y la agresión, por ejemplo urbanística, va por otro.

Con una medida cautelar de suspensión se conseguiría el efecto que cuando se dicte la resolución, si la resolución termina diciendo que esa licencia es ilegal y debe acordar la demolición, no tenga que venir ninguna máquina a demoler pues no se ha construido nada ya que la medida cautelar lo impidió. Ese sería el verdadero efecto del Derecho, pero es un efecto que el Derecho no lo cumple y después se resiste a demoler porque hay intereses económicos, incluso se juega demagógicamente con los puestos de trabajo. Ese esforzado empresario que se ha lucrado de forma ilícita y ahora sus ganancias están a buen recaudo... porque siempre que aparece un foco de corrupción, al final aparece eso que llaman paraíso fiscal. Los que leíamos la Biblia creíamos que estaba por Mesopotamia, pero no, está por Liechtenstein, islas del Canal, Panamá, islas Caimán... Son pocos los llamados a este paraíso, pero éste es indefectible. En cuanto se tira de la cuerda acaba uno enviando una comisión rogatoria a Panamá. No sé, algo debe estar pasando, no hace falta ser un adivino, para ver que el dinero está allí. Esta persona se presenta a los medios de comunicación y recibe una gran atención porque si derribamos los hoteles vamos a dejar sin puestos de trabajo a esas personas. Por cierto, están sin puesto de trabajo, están con contratos precarios, el mileurista, es un privilegiado en este país. Muchos ficharían por eso; eso ya no existe. Hay otras alternativas, pero ellos son los defensores de los puestos de trabajo, y los tribunales, los que quieren que se aplique la Ley, somos por lo visto, contrarios a defender los puestos de trabajo. Por eso es una tarea ardua. Hay que ir convenciendo a la gente.

La crisis, yo digo que estamos en  crisis, pero no en el Apocalipsis; todavía estamos en una situación de hacer cosas. Y una de las cosas que siempre se propugnaba era que las sentencias se ejecutaran. Entonces, somos siempre los mismos, unos cuantos juristas extravagantes, que piden esas cosas siempre con una connotación política, pero resulta que uno anda por el mundo (...). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia de 2005, no se trata de un grupo de dementes, sino los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha declarado que “la orden de derribo de una construcción ilegal persigue un fin legítimo y resulta proporcionada en cuanto dirigida a asegurar el cumplimiento de la legislación desde la perspectiva de asegurar un ordenado desarrollo de las zonas rurales, lo que responde al interés general de la colectividad.” Se puede decir en otras palabras, pero creo que no se puede decir mejor. Y además, siguen diciendo, “el efecto de ordenar el derribo de una construcción totalmente ilegal es volver la cosas a la situación en que deberían estar si se hubieran cumplido los requisitos legales y de esta forma las autoridades garantizan una protección plena del Medio Ambiente, del mismo modo que disuaden a otros posibles transgresores.” Aquí está la fórmula, yo no encuentro ninguna otra mejor ni más sencilla o más clara. O se hace esto o los transgresores van a ser legión,  y no porque haya una especial proclividad de determinados ciudadanos a ser malos, sino simplemente porque hay algo que criminológicamente se sabe desde el s. XIX, que es que el crimen es mucho más atractivo cuanto más rentable es.

La conferencia de Viena para luchar contra la droga se fundó en 1972, juzguen ustedes. 40 años luchando contra la droga y todavía se ven todos los días, alijos por aquí, toneladas por allá, incluso hasta conflictos bélicos en la frontera en Venezuela y Colombia, problemas con Bolivia... 40 años con especialistas, endureciendo las penas hasta extremos en que se penaliza más que el homicidio en el Código Penal y sin embargo, siguen habiendo personas dedicadas a esto, cada vez con mejores medios y más sofisticación porque la droga es rentable. El día que la droga deje de ser rentable ya nadie se dedicará o muy pocos se dedicarán a ello. El ejemplo no es fantasioso, vean ustedes el ejemplo de la Ley Seca norteamericana. No creo que se dedique ahora nadie a organizar cuadrillas para importar vino de Rueda y organizar un grupo criminal para importar vino de la Ribera del Duero, sería absurdo. Mientras transgredir las leyes urbanísticas sea rentable, no solo rentable sino muy rentable, habrá gente dedicada a eso. Y mientras los poderes públicos no le pongan coto, las consecuencias son absolutamente impredecibles.

Tomando como ejemplo esta magnífica resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se nos está planteando ya una cuestión, desde diversos ámbitos: economistas, arquitectos y el interés general. En estos momentos, hay que plantearse, no es ningún disparate, si destruir, demoler, no es regenerar y ganar dinero. Puede ser económicamente rentable y perfectamente sostenible la demolición, la demolición sostenible. Se ha hablado siempre del desarrollo sostenible, ahora estamos en el momento de ensayar la demolición sostenible. Esta mañana nos hemos dado la vuelta por unos cementerios, unos cementerios yendo hacia Benicarló, en el sentido de mucho cemento y ni el más leve signo de vida. Técnicamente son viviendas y vivienda viene de vivir. Bueno, aquello era lo más parecido a un cementerio. Como ya con eso es muy difícil especular o vender, pues habría que pensar que a lo mejor, para esas personas, que algunas o muchas de ellas lo adquirieron de buena fe, pensando que era una inversión; todos hemos comprado una vivienda o segunda vivienda pensando que era una inversión y en este momento tienen la dificultad insalvable de darle salida al mercado, porque no hay demanda, si con una acción integral de demolición, más construcción de otros servicios, más la intervención, qué se le va a hacer, por parte del erario público se puede conseguir la regeneración, la vuelta al estado anterior, como decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso hoy en día tenemos la posibilidad, podríamos hacerlo aquí en la pantalla,  sobre la base de los efectos especiales, qué pasaría si todo eso desapareciese y con un efecto especial aparece una urbanización racional, viable e integrada en el ambiente y en paisaje. Esto es perfectamente posible y es lo que hay que pedirle a los gobernantes.

Pero aparte de plantearse el demoler, ya que hay que demoler, porque si no, como decíamos en Lanzarote, “entendemos necesario reiterar nuestra opinión de que no se puede construir un bienestar económico sólido y duradero sobre la ilegalidad Las decisiones judiciales firmes declarando la ilegalidad de varias construcciones hoteleras de la isla deben ser cumplidas si no queremos establecer las bases de la desmoralización social y el desorden. Es difícil que aquellos – porque hay hoteles legales- que se ajustaron a la legalidad para invertir su dinero en edificios hoteleros ven impotentes como los ilegales consiguen burlar la Ley.” Esta es la situación, no estamos hablando de ninguna cuestión inventada o sacada de contexto. Esta es la realidad.

Y por último tenemos otra posibilidad. Esta si que es puramente penal. Si detenemos a una organización criminal más o menos numerosa, dedicada al tráfico de drogas y en la operación se consiguen, por ejemplo, 4 ó 5 lanchas rápidas, 6 ó 7 todo terrenos de alta gama, se consigue algunas veces incluso localizar el dinero que todavía no se ha ido a los paraísos fiscales, incluso inversiones... ¿qué dice el Derecho Penal? Dice que todo eso, las embarcaciones, los vehículos, el dinero se decomisan como producto o efecto del delito. Y las lanchas pasan a los servicios de aduanas, y los todo terrenos los utiliza la Guardia Civil y el dinero pasa al erario público, porque es el producto de un delito. Pues bien, si existe el delito urbanístico, y creo que existe hasta el día de hoy, por lo menos en el Código Penal está, si existe el delito urbanístico, estos bienes pueden y deben ser decomisados. No hay que expropiar, hay que decomisar y pasan a ser propiedad del Estado. Ya sé que el Código dice “respetando o tratando de proteger los intereses de los terceros de buena fe. Bien, vamos a ver cómo lo compaginamos, veamos en cada caso concreto cómo se pueden compaginar los intereses de los terceros de buena fe con la necesidad legal, moral, ética y política de cumplir la Ley, que es decomisando los productos derivados de un pelotazo urbanístico, conseguido mediante cohecho por un concejal que vota a favor de una recalificación ilegal. Eso, que yo sepa, es un delito y como ese edificio es el producto de un delito, habrá que decomisar.

Y nos queda el tercero de buena fe. Ese si que es el verdadero problema, que un país del s. XXI tenga un Registro de la Propiedad, no quiero remontarme a la Edad Media, pero incompatible con las necesidades de una sociedad moderna. Si el Registro de la Propiedad respondiese a las necesidades de una sociedad moderna y concretamente al fenómeno urbanístico, es muy difícil que hubiese terceros de buena fe, habría arriesgados inversores; cuando yo vaya a decomisar no me diga que usted es un tercero de buena fe, estará comprando un terreno sobre el que hay una demanda de nulidad del PAI o del Plan General y, por tanto, lo siento mucho, pero usted no entra dentro de los parámetros del tercero de buena fe. Pero esto no lo encontrarán en el Registro de la Propiedad, por lo que efectivamente, hay mucho tercero de buena fe y aquí, esto sí que  es de competencia estatal. Un gobierno central tiene la obligación ineludible de adecuar esa institución a las necesidades económicas y de desarrollo medioambiental y de ordenación del territorio que exige una sociedad moderna.

Por tanto, legalidad urbanística, actuación de los tribunales, aplicación de eso que se llama enfáticamente el peso de la Ley (...) eso que quiere decir, más o menos, lo que de forma tan clara dice el Tribunal Europeo de Derechos Húmanos no, seguiremos como hasta ahora: tendremos unos déficit de convivencia democrática importantes y sobretodo,  dejaremos a las generaciones futuras un panorama francamente preocupante y esto es lo que nos debe preocupar y se que les preocupa a todos ustedes,    lo demuestra su presencia aquí un sábado por la tarde y con fútbol.